Libres de Deuda, abogados especialistas en Ley de Segunda Oportunidad, ha liberado otra deuda en Sevilla. La sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Sevilla. Plaza nº 4, ha acordado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) de Ricardo que había acumulado una deuda de 45.876,99 euros a la que no podía hacer frente.
Ricardo desarrolló prácticamente toda su trayectoria profesional en el negocio familiar, con una vida laboral continuada y una conducta económica ordenada. No fue hasta 2017 cuando decidió establecerse por cuenta propia en el sector de la hostelería, prestando servicios de forma casi exclusiva para una empresa que pronto se convirtió en su principal cliente y en su fuente de ingresos.
Durante los primeros años la actividad se mantuvo dentro de la absoluta normalidad y le permitió atender con regularidad todas sus obligaciones, incluidas las derivadas de productos financieros contratados con anterioridad, que se encontraban al corriente de pago. La situación cambió de forma radical en 2020 con la llegada de la pandemia, que afectó de manera especialmente intensa a la hostelería. La prohibición de eventos y la paralización casi absoluta de la actividad supusieron una caída total de sus ingresos.
Ante ese escenario, Ricardo solicitó las ayudas públicas disponibles y recurrió a financiación para sostener el negocio, destinándola íntegramente al pago a proveedores, a los gastos corrientes y a regularizar las cuotas que la caída de ingresos le había impedido atender. En los años posteriores mantuvo una actitud activa y constante para recuperar la viabilidad de su actividad, soportando largos periodos de ingresos insuficientes y realizando esfuerzos continuados para cumplir con sus compromisos.
Sin embargo, cuando la situación comenzaba a estabilizarse, en 2024 llegó el golpe definitivo: la empresa de la que dependía prácticamente la totalidad de sus ingresos anunció la presentación de un concurso de acreedores, que se formalizó a comienzos de 2025. La pérdida de su principal cliente hizo desaparecer sus ingresos y le situó en una insolvencia estructural, agravada por una edad que limitaba de forma objetiva sus posibilidades de reincorporarse al mercado laboral. Priorizando en todo momento la cobertura de sus necesidades más básicas, fue acumulando deudas con entidades financieras y con la administración que ya no podía afrontar. Ante una insolvencia provocada por una crisis sanitaria imprevisible y por el hundimiento de la empresa de la que dependía su actividad, la Ley de la Segunda Oportunidad le permitió liberarse de esa carga y recuperar la tranquilidad.
